Sieg Heil Mariano!!!

Tras obtener la mayoría simple en las elecciones alemanas Hitler consiguió el 30 de enero de 1933 acceder a la cancillería de Alemania. Una de sus prioridades sería la de convocar nuevas elecciones, consciente de que una vez que controlara todos los resortes del poder unos nuevos comicios podrían serle muy favorables. El 27 de febrero el Reichstag sufrió un gran incendio que rápidamente los nazis relacionaron con los grupos comunistas y una posible sublevación de estos.

Aprovechando la ocasión el ministerio de interior bajo las órdenes de Hitler presentó un decreto que se conocería como “Decreto del Presidente del Reich para la protección del pueblo y del Estado” o, coloquialmente, como “Decreto del incendio del Reichstag”. En él, se tomaban una serie de medidas orientadas a la represión, control de la población y eliminación de los enemigos políticos. 

Así, se suspendían, entre otros derechos, la libertad de expresión, de prensa, de asociación, de reunión… mientras que en los artículos 4 y 5 se penaban severamente “actos contrarios a la seguridad pública”, que conllevaban desde desproporcionadas multas hasta penas de cárcel o de muerte para aquellos que opusieran resistencia a las autoridades del Reich o causaran daños a bienes públicos, entre otros.Los efectos fueron inmediatos: arrestos masivos, prohibición de manifestaciones, ocupación de sedes de partidos… haciendo que la oposición política a Hitler se desmoronara y pasara, o bien a la clandestinidad, o bien a las cárceles y patíbulos.

En los días que nos tocan vivir las semejanzas entre esa época y la que nos toca vivir parecen no ser simples coincidencias. Cuando Rajoy y sus acólitos cogieron el relevo al PSOE en las últimas elecciones generales lo primero que decidieron es quemar su programa electoral y desdecirse de todo lo que antes habían afirmado por pasiva y por activa: que no iban a tocar las pensiones, que la sanidad y educación seguirían siendo públicas y gratuitas, que no subirían el IVA ni los impuestos… a todo esto se le sumaron otro tipo de actuaciones como salvar a la banca mientras los ciudadanos son expulsados de sus pisos, recortes en todo tipo de servicios públicos, privatizaciones masivas… para llegar a coronarlo con una nueva ley laboral que más bien podría llamarse “ley del patrón y del despido”. 

Todo esto es más que suficiente para decir que este gobierno no es legítimo. Un partido no es legal por ser votado, sino por cumplir aquello por lo que fue elegido. Sin esta máxima, la supuesta democracia que algunos tanto tienen en boca no deja de ser una fantochada. Sin embargo ellos están en la poltrona, controlando los resortes del poder. Y aunque esto no es Grecia y aquí los “tumultos” no han sido tan graves, la gente se ha manifestado masivamente, muchas veces de forma ingeniosa. Al poder no le gusta eso. Nunca le ha gustado, ni aquí ni en ningún otro país, sólo que en España los que llevan la batuta se han envalentonado y, al grito de ¡tenemos mayoría absoluta! creen que pueden hacer de su capa un sayo.

Es por eso que, hartos de que los tribunales no les den la razón, han decidido zanjar el asunto creando una “Ley de seguridad ciudadana” que tristemente tanto nos recuerda en nombre y forma a la ya mencionada “decreto del presidente del Reich para la protección del pueblo y del estado”. 60.000 € por manifestarse delante del congreso, 30.000 € por injuriar a un agente o alterar el orden público, criminalizar las protestas pasivas, las movilizaciones no permitidas, querer impedir que los abusos policiales puedan ser filmados (para ello nada mejor querer impedir que un individuo grabe libremente en la calle a estos agentes)… no deja de recordarnos más a un estado fascista que a eso que quieren llamar democracia. Realmente no es una ley de seguridad ciudadana: a la ciudadanía no le preocupa que un ciudadano gracias a su grabación pueda condenar a unos policías que se “exceden” en sus actuaciones; más bien lo agradecen. Que alguien en una protesta ecológica sobrevuele una central nuclear, descienda rapelando las oficinas de un gran banco o se la menee delante del congreso no es algo que en los hogares de los millones de parados moleste. Y es precisamente lo que quiere esta ley: no contentar a la gente de a pie (y nunca mejor dicho, al precio que esta la gasolina) sino a aquellos que están viviendo a nuestra costa, a los grandes empresarios, a los políticos que controlan el parlamento y les importa una mierda lo que nosotros pensamos. Y que mejor que atacar no ya al bolsillo sino a nuestro futuro: quizás los empresarios del PP crean que todos tienen miles de euros en los bancos y en acciones de grandes empresas como para pagar tranquilamente esas multas. La amenaza, la coacción de querer imponer multas impagables por delitos que no son tales (y que los tribunales así lo han dicho sucesivamente) es algo que no debemos ni podemos permitir. 

 Prohibido grabar = impunidad

La imagen de los mossos golpeando y masacrando una sentada pacífica está en la mente de todos. Pues bien, gracias a Rajoy y sus acólitos quizás ya no tengamos que sufrir volviendo a ver estas imágenes. Gracias a esta ley de protección “ante la ciudadanía” estos violentos que estaban sentados esperando recibir porrazos podrán ser multados por resistencia pacífica. Y así llegará el día en que sacar una pistola será más rentable que protestar ante un ayuntamiento, a eso quieren hacernos llegar.

Lo último ya es el ir en contra del derecho de huelga, de ese derecho que no hace falta constitución que lo ampare, porque es algo innato al obrero y su fuerza de trabajo. Pero eso es harina de otro costal y ya habrá momento para hablarlo. Por ahora, seguimos alucinando y preguntándonos en qué siglo estamos con la ley que la ultraderecha quiere imponernos. Leyes que habrían sido vitoreadas desde el Reichstag por todo el partido hace algunos años al grito de “Sieg Heil, Mariano”.