La ley de seguridad ciudadana. Abajo la libertad.

La ley de seguridad ciudadana aprobada ayer es el culmen de la mediocre y antidemocrática obra que dejará como legado este grupo de incompetentes que nos gobiernan. Amparados en una mayoría absoluta que, sólo un sistema degradado como el del 78, permite al que la posee actuar de espaldas a la ciudadanía, los soldados políticos del Partido Popular, fieles a su líder, votaron en manada como corresponde a un grupo donde el debate no existe y la férrea línea de Génova debe ser seguida a rajatabla.

La ley mordaza es una medida fascista en su médula, como corresponde a un partido político heredero del franquismo (ideológica y personalmente), un partido que sólo de forma obligada creyó en la democracia pero que siempre ha ido a rebufo de las libertades, obligado por los tiempos que corren en cada momento. Los hombres de misa diaria y virgen en el cabecero de la cama sin embargo no son tan piadosos cuando proponen, entre otras infamias, las devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera, que no se pueda grabar a las fuerzas de seguridad mientras golpean a un manifestante o que se multe a quienes quieran impedir que desahucien a una familia sin recursos.

Esta ley es mezquina porque obliga a posicionarse radicalmente a la ciudadanía. Frente a la protesta pacífica, las sentadas populares, el uso de medios audiovisuales para denunciar agresiones o la concentración ciudadana ante un desahucio este panfleto legal aprobado por los populares nos obliga, a partir de su entrada en vigor, a la acción violenta e ilegal, por un lado, o al acatamiento y total sumisión por el otro. Lo que esta ley prohíbe y, sobre todo, multa, es el derecho de la población a negarse de forma pacífica a las injusticias emanadas de un régimen caduco.

Los gobernantes de juramento en biblia, desde luego, atacan donde más duele: en el bolsillo. Saltándose el amparo judicial, directamente intentan penar a la población con multas multimillonarias que sólo con los sobresueldos, mordidas y tarjetas black se pueden costear. ¿Qué mejor manera de coaccionar a un parado o a un mileurista con una multa de hasta trescientos mil euros por grabar, por ejemplo, a un antidisturbio patear a un manifestante de forma indiscriminada?

Los dirigentes del PP, en contra de lo que cree la mayoría, son muy listos, y saben que saltándose la tutela judicial y acosando con multas impagables conseguirán que una gran parte de la gente que se parte la cara a diario para cambiar las cosas acabe quedándose en su casa o, al menos, bajando la cabeza en según qué ocasiones.

Sin embargo somos como la marea, que por muchos diques que se pongan para intentar frenarla, cuando estalla la tormenta acaba  por superar cualquier barrera. Hay que exigir la derogación de esta ley, fascista hasta su médula, y hay que exigir también a lo próximos que vengan en que, según entren en la Moncloa, la depositen en el cubo de la basura, de donde no tenía que haber salido nunca.