El gobierno del indulto: al filo de la ley

Hasta hoy creíamos que Alberto Ruíz-Gallardón iba a pasar a la historia como el ministro que acabó con las colas en justicia. Y es que no hay nada como para acabar con la tardanza, que evitar que una gran cantidad de población acceda a la justicia interponiendo unas tasas que gravan al ciudadano por igual sin importar su situación económica. Resumiendo, que la justicia deja de ser un derecho al que todos tienen acceso por igual para acabar siendo un privilegio en el que todos pagan por igual y donde las clases más desfavorecidas son, como viene siendo costumbre, las más castigadas.

Pero Ruíz-Gallardón siempre aspira a más. Ese hombre con cara de empollón, de haber sido objeto de alguna chanza en el instituto, toma las riendas del ministerio de justicia con un ansia de protagonismo sin igual. Y pretende utilizar todos los resortes que esta constitución mohína y de otro siglo le concede según su buen criterio. Como el indulto, que no es otra cosa que eliminar los cargos de una persona que ha sido condenada (por el delito que sea) por los tribunales de justicia. Podría pensarse que esta acción esta reservada a actos humanitarios: todo el mundo entendería que el hombre que hizo un atraco simulado en un banco por encontrarse en una situación límite, sin comida, sin vivienda, y que no quería más que poder terminar con sus huesos en la cárcel para no dormir a la intemperie, el gobierno decidiera indultarlo. O una mujer que robara comida para alimentar a sus hijos. ¿La razón? Humanidad.

 

 

 Gallardón, el brazo indultador de la ¿ley?

 

Sin embargo no es este el caso que nos ocupa. Lo que nos ocupa son cuatro mossos d´Esquadra, condenados por torturar a un detenido (aquí decir también que los medios se apresuran a decir que esta víctima ni siquiera había sido el atracador con quien los mossos lo confundieron, cosa que poco importa si hay tortura de por medio). Ante este indulto, ¿que puede pensar la población? Pues mientras no haya otra explicación que nos convezca (y créanos, señor Gallardón, va a tener que hacer mucha literatura para ello), podría pensarse que supuestamente este gobierno esta a favor de esas prácticas y que, frente a la ley que las condena, ellos conmutan las pena y en cierta manera les dan una cierta legalidad.

Pero lo que más impresiona de la forma de actuar de estos gobernantes es que el uso de este arma legal es más habitual de lo que parece. Y sus tintes humanitarios caen en clara sospecha: los beneficiarios de estos indultos realizados tanto por el Partido Popular como por el PSOE cuando estuvo en la poltrona del poder son políticos, banqueros, miembros policiales... es decir, todos aquellos que deberían de ser como nadie garantes de la legalidad. Los exdiles populares del municipio malagueño del Valle de Abdalajis (condenados por prevaricación), los dos oficiales condenados por el caso Yak-42, Josep Maria Servitje (miembro de Unió Democrática de Catalunya, condenado por malversación de fondos públicos), Alfredo Saénz (consejero delegado del Banco Santander, indultado por el PSOE)... en definitiva, delincuentes a los que sospechamos que la sociedad no sólo no conmutaría su pena sino que, de ser posible, la agravaría.

Una vez estamos ante decisiones gubernamentales que no piensan en el pueblo por el que dicen que trabajan sino en sus propios intereses. Ganas de vomitar dan a los tertulistos de derechas (y alguno que va de izquierda pero nunca protestó ante estas prácticas cuando el ejecutante era el PSOE) cuando hablan de la ley, de su cumplimiento, y de que todos tenemos que obedecerla, aunque eso nos suponga morirnos de hambre, quedarnos en la calle o permitir el expolio del banco que un día te prestó dinero para comprar una casa y ahora te quita casa y dinero.

Dar un aire de credibilidad a los mossos sería que algún responsable de este cuerpo policial repudiara en público en nombre de sus miembros a estos cuatro torturadores. Así nos creeríamos sus caras de pena de hace unos días cuando protestaban porque algunos los miraban mal por proceder a la fuerza al desalojo de sus las casas de gentes sin recursos. Pero claro, entre policías no se pisan las porras. Para eso ya están nuestras cabezas.